Guillamón Abogados

Según los últimos datos publicados por la DGT, se prevén un total de 93 millones de desplazamientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto de este año, lo que conlleva a su vez un aumento del riesgo de siniestralidad en la carretera. Cuando te ves involucrado en un accidente de tráfico, resulta sumamente importante contar con el asesoramiento adecuado que te permita […]

El artículo 2 del Título Único la Ley 10/2022, de 14 de junio, de Medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que entró en vigor el pasado 16 de junio, ha modificado algunos artículos de la Ley de Propiedad Horizontal.

El pasado 30 de junio, tan solo unas horas después del final de la moratoria concursal, el Congreso aprobó el proyecto de Ley Concursal que sitúa a España entre los países más avanzados en materia de reestructuración de empresas en el ámbito europeo.

El texto del proyecto transpone la Directiva Europea 1023/2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y ha sido remitido al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.

El pasado mes de junio fueron publicadas por la CARM un paquete de ayudas con la finalidad de alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos establecidos en la normativa de la Unión Europea, mediante la realización de actuaciones en los edificios existentes de la Región que favorezcan la reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables.

Frecuentemente, en los traspasos y cesiones negocios, nos encontramos con que los propietarios de los locales comerciales e incluso los futuros arrendatarios y nuevos explotadores del negocio, desconocen el marco legal y la regulación aplicable a la transmisión de las licencias con las que cuenta el local en cuestión.

Dicho cambio de titularidad se regula en el artículo 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, que establece que las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio serán transmisibles, debiendo comunicarlo por escrito el antiguo y nuevo constructor o empresario a la Corporación municipal. Por lo tanto, atendiendo a la literalidad del precepto -siempre y cuando la licencia se encuentre vigente-, el cambio de titularidad no requerirá de una nueva autorización administrativa, sino simplemente de su comunicación formal a la Administración.

Resulta interesante esta sentencia al comienzo de la temporada estival por cuanto viene a clarificar el tan discutido y reiterado tema de quienes tienen derecho al uso de la piscina en las comunidades de propietarios que gozan de este servicio.En el caso que se discute en el procedimiento del que dimana la reciente sentencia, se dan los siguientes hechos:- En los Estatutos no constaba la […]

El 15 de diciembre del pasado año entró en vigor la Ley 17/2021, por la que se modificó el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, procurando su adaptación a un nuevo régimen jurídico de los animales.

Esta modificación se refiere únicamente a los animales domésticos de compañía dejando fuera a los animales salvajes o silvestres, y prevé que los primeros no puedan ser embargados, hipotecados, abandonados, sacrificados sin causa justificada según la ley, maltratados o apartados de uno de sus dueños en caso de separación o divorcio.

Esta es la postura que ha adoptado recientemente la Audiencia Provincial de Tenerife al sostener que la aseguradora sí debe responder por los gastos derivados de una intervención quirúrgica derivada de una enfermedad congénita pero que fue diagnosticada al asegurado tres meses después de nacer -y de que el menor se incorporase a la póliza del seguro.

En los últimos años el Tribunal Supremo ha establecido, asentando jurisprudencia al respecto, un sistema de protección para el deudor afectado, basado en el derecho regulado en el artículo 18.1 de la Constitución Española, e imponiendo sanciones económicas a aquellas entidades que incluyen a determinados deudores en ficheros de morosos sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos.